Boletín de actualidad - Noviembre 13, 2026
Gobierno propone liquidar la matrícula mercantil de los establecimientos de comercio según sus propios activos, y eliminar el cobro del formulario RUES
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó un proyecto de decreto con el fin de reformar el esquema tarifario de los derechos de matrícula y renovación del registro mercantil adoptado por el Decreto 045 de 2024. La principal modificación sustituye el régimen vigente, en el cual los derechos de los establecimientos de comercio, sucursales y agencias se liquidan con base en los activos ordinarios de la empresa matriz y se duplican cuando el establecimiento está matriculado en una Cámara de Comercio distinta a la del domicilio principal, por una tabla de nueve rangos que atiende exclusivamente los activos totales de cada establecimiento, sucursal o agencia, con independencia de la jurisdicción. Con ello, el tope máximo se reduce de 80 UVB, hoy aplicable a los establecimientos ubicados en una jurisdicción diferente, a 40 UVB, lo que representa un beneficio potencial para las empresas con extensas redes comerciales, cuyo costo dejaría de depender del tamaño económico global de la sociedad propietaria.
(Imagen tomada del proyecto de decreto)
Adicionalmente, el proyecto modifica el artículo relativo a los derechos de matrícula y renovación del comerciante, en el cual la base de liquidación pasa de los activos ordinarios a los activos totales. Además, se redefinen los rangos y las fórmulas de cálculo en seis tramos y se mantienen el piso de 2 UVB y el techo de 1.000 UVB.
(Imagen tomada del proyecto de decreto)
De manera complementaria, el proyecto propone eliminar el cobro de los formularios utilizados en los trámites de los registros públicos a cargo de las Cámaras de Comercio, que actualmente tienen un valor unitario de 0,7 UVB, y dispone que estos se diligencien exclusivamente a través de un formulario RUES virtual, gratuito y limitado a la información pertinente y necesaria. Para ello, adiciona la obligación de que la matrícula y la renovación se adelanten mediante mecanismos virtuales que permitan diligenciar el formulario, radicar la solicitud, pagar los derechos y obtener la constancia en línea.
En la renovación, el comerciante únicamente reportará la información que haya variado o manifestará que no hubo modificaciones, sin perjuicio de informar el valor de sus activos para la liquidación de los derechos. El proyecto contempla una implementación gradual de los mecanismos digitales, que deberá completarse a más tardar el 31 de diciembre de 2027. Por su parte, las nuevas disposiciones tarifarias entrarían en vigor el 1 de enero de 2027, mientras que la gratuidad de los formularios comenzaría a aplicarse el 1 de enero de 2028.
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Consejo de Estado reitera que el juez no puede estudiar glosas que no se controvirtieron en el recurso de reconsideración
El Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de noviembre de 2026, radicación 25000-23-37-000-2019-00437-02 (29207), reiteró que los conceptos de una liquidación oficial que no fueron objeto de un reproche concreto en el recurso de reconsideración no pueden discutirse ante la jurisdicción. Respecto de ellos no se cumple el requisito de procedibilidad del numeral 2 del artículo 161 del CPACA, que exige haber ejercido y decidido los recursos obligatorios antes de demandar un acto particular, y se configura la ineptitud sustantiva parcial de la demanda.
El fundamento de la Sala descansa en el numeral 2 del artículo 722 del Estatuto Tributario, que exige que el recurso de reconsideración exprese de manera concreta los motivos de inconformidad. Dicho requisito permite que la administración conozca de antemano las objeciones contra su acto para revisarlo, modificarlo o aclararlo y, además, permite fijar el marco de discusión dentro del cual el juez examina si se desvirtuó la presunción de legalidad. Por ello, los hechos debatidos ante la DIAN deben coincidir con los planteados en el proceso, por lo que, los cuestionamientos que aparecen por primera vez en la demanda someten a juicio una controversia que la autoridad no tuvo oportunidad de resolver.
En el caso analizado, el contribuyente se limitó, tanto en la respuesta al requerimiento especial como en la reconsideración, a alegar la vulneración del régimen de reorganización empresarial, y solo en la demanda cuestionó el rechazo de inventarios, costos, gastos, la renta por diferencia patrimonial y las sanciones. La Sala precisó que el debido agotamiento de la actuación es un presupuesto procesal que el juez debe verificar, incluso de oficio y al dictar sentencia (artículo 187 del CPACA), por lo que su examen no precluye porque en una etapa anterior del proceso se haya revocado la declaratoria de ineptitud.
La providencia también recordó que el deber de interponer la reconsideración tiene excepciones, siendo estos, que al administrado no se le haya dado la oportunidad de interponer los recursos, o que, habiendo atendido en debida forma el requerimiento especial, opte por demandar directamente la liquidación oficial dentro de los cuatro meses siguientes a su notificación (parágrafo del artículo 720 del Estatuto Tributario).
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DIAN aclara cuándo opera la exclusión automática del Régimen Simple de Tributación por incumplimiento de obligaciones
Mediante el Oficio 100208192-2094 del 28 de octubre de 2026, la DIAN precisó que los contribuyentes del Régimen Simple de Tributación (RST) que incurran en incumplimientos insubsanables de sus obligaciones pierden automáticamente su calidad de contribuyentes de este régimen desde el momento en que se configura el incumplimiento, y no desde la actualización del RUT o la expedición de un acto administrativo de exclusión.
En particular, la entidad señaló que los incumplimientos relacionados con la presentación de la declaración anual, el pago de los recibos electrónicos y la implementación de la facturación electrónica adquieren carácter insubsanable cuando:
Declaración y pagos: transcurre más de un mes calendario sin que el contribuyente presente la declaración, pague alguno de los recibos electrónicos o efectúe el pago total del impuesto.
Facturación electrónica: el contribuyente no adopta el sistema de facturación electrónica dentro de los dos meses siguientes a su inscripción en el régimen.
En estos casos, el contribuyente está obligado a solicitar la actualización de su RUT para reflejar su exclusión del SIMPLE, sin necesidad de esperar a que la DIAN adelante un procedimiento de exclusión de oficio.
La DIAN explicó que, desde el momento en que se configura el incumplimiento insubsanable, el contribuyente queda sujeto a las obligaciones del régimen ordinario, con las siguientes consecuencias:
Declaraciones sin efectos legales: las declaraciones anuales del SIMPLE y de IVA anual presentadas desde el período del incumplimiento hasta la actualización del RUT no producen efectos legales.
Anticipos del SIMPLE: deja de existir la obligación de liquidar los anticipos bimestrales del régimen a partir del incumplimiento.
Imputación de pagos: los valores pagados bajo el SIMPLE pueden acreditarse en las declaraciones de renta, IVA e impuesto nacional al consumo que correspondan. En el caso del ICA, se aplicarán las disposiciones de cada municipio o distrito.
Retenciones en la fuente: el contribuyente vuelve a estar sujeto a retención en la fuente y deberá practicar las retenciones y autorretenciones que correspondan conforme a las reglas generales.
Cumplimiento de obligaciones tributarias: las declaraciones y pagos deberán efectuarse conforme a los plazos y periodicidades del régimen ordinario. Cuando la actualización del RUT se realice a solicitud del contribuyente, las declaraciones de IVA e impuesto al consumo correspondientes a períodos ya concluidos del mismo año deberán presentarse y pagarse dentro del mes siguiente a dicha actualización.
Finalmente, la DIAN aclaró que este tratamiento es diferente al aplicable a los incumplimientos subsanables, en los cuales la pérdida de la calidad de contribuyente del SIMPLE requiere un acto administrativo y produce efectos a partir del año gravable siguiente a su firmeza. En consecuencia, para la DIAN, los contribuyentes que incurran en incumplimientos insubsanables deben solicitar oportunamente la actualización de su RUT y ajustar sus obligaciones tributarias al régimen ordinario desde la fecha en que se configure el incumplimiento, sin esperar una decisión formal de exclusión por parte de la autoridad.
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Consejo de Estado precisa que el silencio positivo en la revocatoria directa no revive el plazo para demandar
El Consejo de Estado, mediante auto del 5 de noviembre de 2026, expediente 52001-23-33-000-2025-00084-01 (31025), confirmó el rechazo de una demanda dirigida contra una liquidación oficial de revisión y contra los actos posteriores relacionados con su revocatoria directa. La Sala precisó que el término de un año previsto en el artículo 738-1 del Estatuto Tributario, cuyo vencimiento sin decisión produce el silencio administrativo positivo, solo empieza a correr cuando la solicitud de revocatoria se presenta en debida forma, y reiteró que esta solicitud no revive el plazo de cuatro meses para demandar la liquidación.
En este orden de ideas, la Sala descartó que la liquidación oficial, el acto que rechazó la revocatoria y las respuestas sobre el silencio positivo conformaran un acto complejo. Lo anterior, por cuanto dicha categoría exige la concurrencia de varias voluntades administrativas con unidad de objeto y fin, de modo que los actos individualmente considerados carezcan de vida jurídica propia. Aunque los actos se expidieron en relación con la misma obligación, la liquidación produce efectos sin necesidad de los demás y viceversa; por ello, su naturaleza y la oportunidad para demandarlos se examinan de forma individual, y la caducidad frente a la liquidación se cuenta desde su notificación, no desde el último pronunciamiento de la administración.
Respecto del acto que rechazó la solicitud de revocatoria directa por razones formales, relacionadas con la falta de presentación personal y su radicación a través de un canal no autorizado, la Sala concluyó que no constituye un acto definitivo, toda vez que no resolvió el fondo de la solicitud ni impidió la continuación de la actuación administrativa. En efecto, la Administración advirtió que la solicitud podía presentarse nuevamente, una vez subsanadas las irregularidades, dentro del término previsto en el artículo 737 del Estatuto Tributario. Asimismo, el acto no modificó la situación jurídica definida en la liquidación oficial. Finalmente, la Sala recordó que incluso los actos que niegan de fondo una solicitud de revocatoria directa no son susceptibles de control judicial, salvo que incorporen decisiones nuevas que modifiquen total o parcialmente la situación jurídica previamente definida.
Sobre el silencio positivo, la Sala señaló que no se configura por el simple transcurso de un año desde la recepción de cualquier escrito denominado solicitud de revocatoria directa, ya que, antes de contar el término debe verificarse que la petición reunió las condiciones legales. En la práctica, la providencia confirma que la revocatoria directa no es un mecanismo para recuperar la oportunidad de demandar una liquidación no recurrida, y que, si la solicitud es rechazada por defectos formales, lo procedente es presentar una nueva solicitud en debida forma dentro del término legal, pues solo esta pone en marcha el plazo del silencio positivo.
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DIAN aclara que, en dividendos pagaderos en cuotas a plazo, la retención se calcula según la exigibilidad de cada cuota dentro del año
La DIAN, mediante el Concepto 017653, interno 1845, del 30 de septiembre de 2026, precisó que cuando una sociedad nacional decreta dividendos a favor de una persona natural residente y fracciona su pago en cuotas sometidas a plazo, el umbral de 1.090 UVT para la retención en la fuente no se aplica sobre el total decretado, sino sobre los dividendos que se hagan exigibles en cada periodo gravable, ya sea porque se pagan o porque vence el plazo o se cumple la condición.
La DIAN fundamentó su posición en el parágrafo del artículo 242 del Estatuto Tributario y en el artículo 1.2.4.7.3 del Decreto 1625 de 2016, según los cuales los dividendos brutos pagados o decretados en calidad de exigibles a personas naturales residentes durante el periodo gravable, independientemente del número de cuotas en que se fraccione su valor, están sometidos a retención del 0 % en las primeras 1.090 UVT y del 15 % en la parte que exceda dicho monto. A su vez, el artículo 1.2.1.10.8 del mismo decreto define como decretados en calidad de exigibles los dividendos cuyo cobro puede hacerse efectivo de inmediato; si se pactó un plazo, solo lo son cuando este expira. En consecuencia, los dividendos decretados en un año pero exigibles en el siguiente no se computan para la retención del primer año.
Así las cosas, el agente retenedor debe verificar en cada periodo mensual en que deba declarar y pagar retenciones si la suma acumulada de los dividendos que se han hecho exigibles en el año supera el umbral. Mientras no lo supere, la tarifa es del 0 %; en el mes en que se exceda, aplica el 15 % sobre la porción que supere las 1.090 UVT, y en los meses siguientes del mismo año aplica el 15 % sobre la totalidad de los dividendos que se hagan exigibles. Así, aunque cada cuota sea individualmente inferior al umbral, su acumulación dentro del mismo año puede generar retención.
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DIAN aclara que vender un vehículo eléctrico o híbrido antes de cumplir su vida útil obliga a devolver el beneficio tributario
La DIAN, mediante el Concepto 015749, interno 1600, del 8 de septiembre de 2026, reiteró que la persona natural que aplica la deducción especial del artículo 11 de la Ley 1715 de 2014 por la adquisición de un vehículo eléctrico o híbrido (PHEV o HEV) para uso personal debe restituir el beneficio si enajena el vehículo antes de cumplir su vida útil. Además, precisó que esa vida útil corresponde al periodo durante el cual se espera que el vehículo esté disponible para el uso del contribuyente.
La DIAN interpretó los artículos 1.2.1.18.76 y 1.2.1.18.77 del Decreto 1625 de 2016, que obligan a los beneficiarios de la deducción especial y de la depreciación acelerada de la Ley 1715 de 2014 a restituir las sumas resultantes de su aplicación si enajenan los activos antes de que termine su periodo de depreciación o amortización, o antes de cumplir su vida útil. Dichas sumas se incorporan como renta líquida por recuperación de deducciones en el año en que se perfecciona la enajenación. Además, como solo son depreciables fiscalmente los bienes usados en actividades productoras de renta, en el caso de un vehículo de uso personal no se toman como referencia la depreciación ni la amortización del artículo 142 del Estatuto Tributario, sino, por el contrario, la vida útil.
Para determinarla, la DIAN remitió al parágrafo 2 del artículo 137 del Estatuto Tributario, que admite como soporte, entre otros, estudios técnicos, manuales de uso e informes, así como documentos probatorios elaborados por un experto en la materia. Finalmente, la entidad distinguió la vida útil del plazo de quince años del artículo 11 de la Ley 1715 de 2014. Este último es el término dentro del cual puede deducirse el 50 % del valor de la inversión en proyectos de fuentes no convencionales de energía, gestión eficiente de la energía. Por su parte, la vida útil, opera como el tiempo mínimo de permanencia del activo antes de su enajenación. Se trata, por tanto, de términos con finalidades distintas, por lo que conviene que el contribuyente conserve desde la adquisición los soportes de la vida útil del vehículo.
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